Por: Ec. Gustavo Cabrera Sotomayor
La Paradoja de la Prosperidad en el desierto : Un análisis forense integral del Modelo agroexportador peruano, la Nueva Ley agraria 32434, Brechas estructurales y estrategias de Sostenibilidad Territorial
En este análisis el economista Gustavo Cabrera Sotomayor nos presenta las dos caras del milagro agroexportador peruano. Por un lado ese gran logro del crecimiento económico sin precedentes , que convirtió los desiertos en potencias productivas , pero por otro lado la innegable existencia de una agricultura familiar precaria , un tema que no se acaba de resolver y que representa un riesgo latente de conflicto que puede amenazar la viabilidad futura del sector.
1. Introducción: La dualidad estructural de un milagro económico
El desarrollo de la agroexportación en el Perú, durante los últimos veinte años, representa uno de los casos de estudio más fascinantes y contradictorios de la economía latinoamericana contemporánea. Desde una perspectiva macroeconómica, el sector ha protagonizado una transformación sin precedentes, convirtiendo al Perú en una despensa global y posicionándolo como líder mundial en la exportación de arándanos, uvas, espárragos y paltas. Las cifras son elocuentes: las agroexportaciones, que apenas superaban los US$ 645 millones al inicio del milenio, han escalado vertiginosamente hasta proyectarse por encima de los US$ 13,000 millones para el cierre de 2025; representan un pilar fundamental de la balanza comercial no tradicional y una fuente crítica de divisas para la estabilidad monetaria del país.
Sin embargo, un análisis forense de mayor profundidad exige ir más allá de la superficie de las cifras agregadas para deconstruir los mecanismos socioterritoriales que han sustentado este crecimiento. La tesis central de este informe sostiene que el Perú ha operado bajo un modelo de «desarrollo dual» exacerbado. Por un lado, se ha consolidado una agroindustria de alta tecnología, integrada a cadenas globales de valor, financiada por mercados de capitales internacionales y altamente eficiente en el uso de recursos hídricos superficiales trasvasados mediante megaproyectos estatales. Por otro lado, coexiste una agricultura familiar de subsistencia —que involucra al 97 % de las unidades agropecuarias del país— caracterizada por el estancamiento tecnológico, la descapitalización crónica, la dependencia de lluvias estacionales y una exclusión sistemática de los circuitos de modernización (crédito, tecnología, infraestructura, etc.).
Esta fractura no es solo económica, sino profundamente social y territorial. La expansión de la frontera agrícola en la costa desértica ha generado una nueva clase trabajadora: un «proletariado rural» que, si bien ha accedido a la formalidad laboral estadística, enfrenta condiciones de habitabilidad precarias y un déficit crónico de servicios públicos en las ciudades intermedias que sirven a los grandes fundos. El estallido social de diciembre de 2020 en Ica y La Libertad no fue un evento aislado, sino el síntoma de una «fatiga de material» en el contrato social del sector, donde la acumulación de capital no se tradujo en bienestar territorial equiparable.
El presente reporte disecciona esta realidad aplicando marcos teóricos avanzados de gestión de conflictos extractivos —derivados de las lecciones de la minería y las energías renovables— y los principios de Inversión Agrícola Responsable (RAI) de la UNCTAD y el Banco Mundial. A través del estudio de caso del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), se evidencia cómo la planificación estatal priorizó la infraestructura productiva sobre la social, creando «islas de eficiencia» rodeadas de brechas de servicios. Finalmente, se analiza el impacto potencial de la reciente Ley N.º 32434 (septiembre de 2025) y se proponen estrategias estructurales para transitar de una «licencia social transaccional» a una legitimidad territorial sostenible.
2. Anatomía del auge agroexportador (2005-2025): Éxitos macroeconómicos y la revolución del desierto
2.1 La ingeniería del milagro: marco legal e infraestructura hídrica
El despegue agroexportador no fue un fenómeno de mercado espontáneo, sino el resultado de una política de Estado deliberada y sostenida a través de sucesivos gobiernos, fundamentada en dos pilares: un marco normativo promocional y una inversión pública masiva en infraestructura hidráulica.
El primer pilar fue la Ley de Promoción Agraria N.° 27360 (vigente hasta 2020) y su sucesora, la Ley N.° 31110. Este régimen diseñó un ecosistema de incentivos tributarios (tasa reducida de impuesto a la renta) y flexibilidad laboral que permitió atraer capitales de gran envergadura para transformar tierras eriazas en activos productivos de clase mundial. Esta normativa redujo los costos de transacción y permitió a las empresas peruanas competir en ventana comercial y precio en los mercados del hemisferio norte.
El segundo pilar fue la «conquista del desierto» mediante megaproyectos de irrigación como Chavimochic (La Libertad), Chinecas (Áncash), Majes-Siguas (Arequipa) y, paradigmáticamente, Olmos (Lambayeque). Estas obras, financiadas o garantizadas por el Estado, realizaron el trasvase de aguas de la vertiente del Atlántico hacia la costa del Pacífico, rompiendo la restricción hídrica histórica del desierto costero. Esto permitió la habilitación de cientos de miles de hectáreas para cultivos intensivos de alto valor, modificando permanentemente la geografía económica del litoral peruano.
2.2 Impacto en el empleo y la formalización
El impacto en la generación de empleo ha sido masivo. Para el cierre de 2024, el sector agroindustrial concentró el 44 % de los empleos vinculados a las exportaciones totales del Perú, alcanzando un récord histórico de más de 4.4 millones de puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos.
Este dinamismo ha reconfigurado el mercado laboral en regiones como Ica, La Libertad y Lambayeque, donde se ha alcanzado el pleno empleo estacional durante las campañas de cosecha. La agroindustria se ha convertido en el principal motor de formalización laboral en el ámbito rural, integrando a mujeres y jóvenes que anteriormente estaban relegados a economías de subsistencia o informales. En zonas como Olmos, la masa salarial anual generada por los 67,000 empleos formales asciende a S/ 1,900 millones, inyectando una liquidez sin precedentes en la economía local y creando una nueva clase de consumidores bancarizados.
2.3 Diversificación de la canasta exportadora
La evolución de la canasta exportadora refleja una sofisticación técnica y comercial notable:
El boom del arándano: De ser un cultivo experimental hace una década, el Perú se ha consolidado como el primer exportador mundial, superando barreras fitosanitarias y logísticas complejas.
La palta Hass y la uva de mesa: Estos productos han mantenido un crecimiento sostenido, diversificando mercados hacia Asia (China, Corea, Japón) y reduciendo la dependencia de Estados Unidos y Europa.
Nuevos cultivos: La introducción de cerezas, frambuesas y la expansión de cítricos demuestran la capacidad de adaptación e innovación del sector empresarial agroexportador.
Este éxito productivo, sin embargo, ha generado una falsa sensación de «misión cumplida» en las élites políticas y empresariales, ocultando las fracturas internas que el mismo modelo ha profundizado.
3. La fractura estructural: agroexportación vs. agricultura familiar de subsistencia
Mientras la costa peruana se integraba a la modernidad global, la sierra y la selva —así como los pequeños productores de la costa— permanecían en una realidad paralela. El análisis comparativo revela una desigualdad estructural que no se resuelve por simple «chorreo» económico.
3.1 La brecha de productividad y tecnología
La diferencia de productividad entre la agricultura moderna y la familiar no es de grado, sino de especie:
Tecnología de riego: Según datos del IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) y actualizaciones del INEI, mientras el 56.5 % de los grandes productores utiliza riego tecnificado (goteo o aspersión) con control computarizado de fertirriego, solo el 14.9 % de los pequeños y medianos productores accede a alguna forma de tecnificación. La inmensa mayoría depende del riego por gravedad o, peor aún, del secano, quedando a merced de la variabilidad climática extrema.
Rendimientos: En cultivos como la palta o el maíz, la diferencia de rendimientos por hectárea entre un fundo agroexportador y una parcela familiar puede ser de 5 a 1 o más. La agricultura familiar carece de acceso a genética de alta calidad (semillas certificadas, plantines) y a paquetes tecnológicos de nutrición y sanidad vegetal.
3.2 Asimetría financiera y descapitalización
El acceso al capital es el gran diferenciador:
Agroexportación: Se financia con banca corporativa, fondos de inversión internacionales y emisiones de bonos, accediendo a tasas de interés competitivas (globales) que les permiten amortizar inversiones de largo plazo y soportar ciclos de precios bajos.
Agricultura familiar: Solo el 10-12 % de los pequeños productores accede al sistema financiero formal. La mayoría depende de cajas municipales con tasas elevadas o de prestamistas informales («agiotistas») que cobran tasas predatorias. Agrobanco, la entidad estatal diseñada para cubrir esta brecha, ha tenido un alcance limitado y problemas de morosidad que han restringido su impacto sistémico.
Esta asimetría condena al pequeño agricultor a una descapitalización constante. Ante la falta de liquidez, no puede invertir en mejoras productivas, perpetuando el ciclo de baja productividad y pobreza.
3.3 La trampa de la comercialización
El pequeño productor suele ser el eslabón más débil de la cadena, enfrentándose a mercados oligopsónicos donde intermediarios acopian la producción a precios que, muchas veces, no cubren los costos. A diferencia de la agroexportadora, que controla su canal comercial hasta el puerto de destino (o incluso hasta el supermercado en el extranjero), el agricultor familiar carece de información de mercado y poder de negociación.
Aunque existen casos de éxito en asociatividad —como el banano orgánico en el valle del Chira o el café y cacao en la selva, donde cooperativas han logrado conectarse a mercados de comercio justo—, estos representan excepciones y no la regla general de la agricultura familiar peruana.
4. Análisis forense del caso Olmos: el fracaso de la planificación urbana frente al éxito productivo
El Proyecto de Irrigación Olmos constituye el «laboratorio» perfecto para diseccionar las contradicciones del modelo peruano. Es la evidencia física de cómo el éxito económico, cuando se desvincula de la planificación social y territorial, genera nuevas vulnerabilidades.
4.1 El éxito productivo: un enclave de alta eficiencia
Desde la óptica ingenieril y productiva, Olmos es un triunfo indiscutible. La infraestructura de trasvase y riego permitió la subasta y activación de 38,000 hectáreas de tierras nuevas (más 5,500 del Valle Viejo), atrayendo a empresas líderes globales.
Impacto económico: Olmos genera el 90 % de las agroexportaciones de la región Lambayeque. La inyección de capital privado superó los US$ 3,500 millones, transformando el desierto en un vergel de alta productividad.
Generación de empleo: El proyecto creó 67,000 empleos formales directos, absorbiendo no solo la mano de obra local, sino atrayendo migrantes de todo el norte y sur del país.
4.2 El fracaso urbano: la «Nueva Ciudad Charles Sutton» fantasma
El análisis forense revela un error estratégico en la concepción del Estado: se planificó la producción, pero se ignoró la reproducción social de la fuerza laboral.
La Nueva Ciudad Charles Sutton: El Estado planificó la construcción de la primera ciudad planificada del Perú para albergar a 111,000 habitantes, trabajadores del proyecto. Sin embargo, informes de la Contraloría General de la República documentan un fracaso estrepitoso en la ejecución: obras de saneamiento (agua y alcantarillado) inconclusas, falta de suministro hídrico para pruebas, deterioro de vías pavimentadas cubiertas por arena debido al abandono y falta de áreas verdes.
Consecuencias: La ciudad planificada es hoy un «elefante blanco» prácticamente deshabitado. La inversión pública de más de S/ 600 millones no ha cumplido la función social que se esperaba, a diferencia del éxito agroexportador de las empresas que hicieron presencia en el territorio.
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