Buenos Aires.-El Gobierno modificó el régimen de importación de bienes usados, que ahora tendrá un trámite más ágil. Esto incluye a maquinaria como tractores y cosechadoras.
Estas posiciones arancelarias incluyen, entre otros puntos:
- Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo
- Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras
- Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera
- Tractores
Ahora se eliminó la presentación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) como requisito anterior a la importación y, en su reemplazo, habrá que presentar una declaración jurada a cargo del importador.
«Previo a esta modificación, la emisión del CIBU sólo se autorizaba si no existían fabricantes locales de bienes similares, lo que constituía una prohibición económica y contradecía el Decreto presidencial 70/2023 que determina que no se podrán establecer prohibiciones o cupos a las importaciones por motivos o fundamentos económicos«, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo en el marco de la política de apertura comercial del gobierno de Javier Milei, fue recibida con alarma por los industriales del sector, que advierten sobre su impacto negativo en la producción local y el empleo.
Desde Cafma advierten que esta decisión amenaza con desestabilizar la cadena de valor nacional y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. La preocupación se agudiza ante la creciente oferta de equipos usados que ingresan al país con precios entre un 40% y un 50% inferiores a los nuevos, lo que representa una competencia desleal para la industria nacional.
Una herramienta eliminada sin reemplazo
Para los fabricantes, el CIBU no era una traba al comercio, sino una medida de control que permitía ordenar el ingreso de maquinaria usada bajo reglas claras y transparentes. «Su eliminación no solo perjudica a los fabricantes locales, sino a toda la red productiva federal», advirtieron. Además, señalaron que la falta de controles adecuados también conlleva riesgos fitosanitarios, como la posible introducción de plagas exóticas. Un ejemplo reciente es la chicharrita del maíz, cuya propagación durante la campaña 2023/24 generó pérdidas por más de u$s 3.600 millones entre mercado interno y exportaciones.
«No es modernización, es sobrestock extranjero»
Desde Cafma y otras entidades del sector, como la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac), rechazan la idea de que esta medida contribuya a modernizar el parque tecnológico. A su entender, lo que se está facilitando es el ingreso de maquinaria amortizada en otros países. «Se privilegia el descarte extranjero por sobre el valor agregado nacional, la innovación y el empleo argentino», afirmaron.
Las entidades industriales coinciden en que los verdaderos problemas de competitividad radican en factores estructurales: alta carga impositiva, costos laborales no salariales, falta de financiamiento y logística cara. A pesar de ciertos avances desde diciembre de 2023, estiman que la brecha de costos con los principales competidores internacionales aún ronda el 25%.
Temor a maniobras irregulares
Aunque el decreto mantiene los aranceles para la importación de usados —que pueden llegar hasta el 35% según el tipo de equipo—, en la práctica se teme un aumento del contrabando legal. La preocupación gira en torno a posibles maniobras donde maquinaria nueva o semi nueva sea declarada como usada o reacondicionada para obtener ventajas impositivas.
Algunas pymes ya comenzaron a operar bajo este esquema: importan equipos usados desde el exterior, los reacondicionan localmente y los venden a precios significativamente más bajos. En Uruguay, incluso, operan empresas dedicadas a buscar maquinaria usada para luego ingresarla a Argentina. Una pulverizadora con 3.000 horas de uso puede conseguirse por u$s 350.000, frente a los u$s 600.000 que cuesta una nueva de similares características fabricada en el país.
Pedido de reglas claras
El decreto establece que la Secretaría de Industria y Comercio será la encargada de reglamentar y supervisar el nuevo régimen. En el sector industrial esperan que se delimite claramente que la importación de maquinaria usada esté orientada exclusivamente a productores agropecuarios, y no a revendedores o intermediarios comerciales.
«La discusión de fondo debería ser cómo mejorar la competitividad interna sin destruir la industria local», concluyeron desde Cafma. Para los fabricantes, la prioridad debe estar en fortalecer la producción nacional, reducir cargas estructurales y acompañar el desarrollo de cadenas de valor, en lugar de habilitar una apertura que podría generar un daño irreversible.
Fuente: Agrofy y Agronorte
