Por Norma Rojas Marroquin
¿Puede una ministra de Trabajo, que además es abogada, la Dra. Betssy Chávez, equivocarse de tal manera que afirme que en el Perú el 90% de los trabajadores de la agroexportación son informales? ¿Dónde vivió los últimos 20 años esta señora para afirmar semejante falsedad? ¿De verdad lo cree o desconoce la realidad laboral del país? En ambos casos, sus declaraciones, la descalifican como la más alta funcionaria de un ministerio tan sensible y tan demandante, que puede generar insospechadas reacciones.
La funcionaria había afirmado en RPP que se enfocarán “en 1.2 millones de trabajadores que están bajo un esquema de labores ya identificados y son informales, pero trabajan en empresa formales. La mayoría son del sector agroexportador”.
El gremio de los agroexportadores, la AGAP, se apuró a hacerle el aclare con estadísticas del INEI , la SUNAT, etc. y la ministra, como si hubiera confundido papas con camotes sólo atinó a decir a manera de rectificación «me refería a la agricultura rural, donde más del 90% es informal»
Pero tal como sucede con todas las noticias falsas que se difunden en la prensa, que suelen tener más difusión que las cartas aclaratorias, la «rectificación» de la ministra tuvo tan poca repercusión que tuvimos que hacer mucho esfuerzo para encontrarla.
“Hay dos criterios, agroindustrial y rural, me refería exclusivamente al tema rural, en donde más del 90% pertenece al sector informal”, indicó la titular del MTPE en diálogo con un programa dominical de la TV.
Resulta por demás sintomático que este «lapsus» haya ocurrido poco tiempo después de una escalada de atentados contra importantes operaciones mineras como Antamina (Áncash), Cerro Lindo (Ica) y Las Bambas (Apurímac), Apumayo (Ayacucho), Anabi (Cusco) , etc. hechos ampliamente difundidos a nivel nacional e internacional.
Asimismo, este yerro de la ministra del gabinete de Mirtha Vásquez, coincide con el aniversario de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, «logro» que se obtuvo tras la toma por cinco días de la Carretera Panamericana Sur y que mantuvo secuestrados a cientos de personas en autos y buses en medio de actos de vandalismo de parte de más activistas que trabajadores de la agroexportación.
Demás está decir que por estas notorias razones el mundo tiene los ojos sobre el Perú y que nuestros mercados en el extranjero están atentos a todo lo que sucede aquí. En ese contexto, soltar ese comentario mendaz de que el 90% de los trabajadores de la agroexportación son informales, es para cualquier ministro de trabajo un absoluto autosabotaje que deja mal parada, en primer lugar, a la institución que representa.
Por otro lado, ¿pretendía la ministra, ex dirigente estudiantil, sucesora de Iber Maraví, lanzar gritos de guerra en medio del sector laboral de la agroexportación para tomar la posta de la primera ministra Ministra Vásquez, abriendo nuevos frentes de conflicto y desatando enfrentamientos trabajadores-empresarios?
Por último y no menos importante, su desliz ha podido costar a la agroexportación peruana -que da trabajo, que genera divisas, que mueve la economía y se ha ganado a pulso una reputación destacable a nivel mundial- la pérdida de importantes mercados, esperanza de muchos pequeños y medianos productores que han apostado todo al éxito de este sector.
Cuando la primera ministra Mirtha Vásquez anunció el cierre de cuatro minas en Ayacucho las acciones de Hochschild Mining sufrieron una caída superior al 57% en la Bolsa de Londres. Los titulares a nivel internacional decían: «Hochschild pierde la mitad de su valor en un día por cierre de minas en Perú» . A los pocos días, dada la gravedad de los hechos, el gobierno tuvo que rectificar, pero el daño ya estaba hecho. Igual sucede con las acciones de la minera MMG, tras la paralización de Las Bambas. Pérdidas de dinero irrecuperables.
Con estos antecedentes, cabe preguntarse : los funcionarios de Estado, ¿pueden cometer estos tremendos «deslices» y no ser sancionados? ¿Ni siquiera un proceso administrativo? ¿Y las pérdidas que sufren las empresas como consecuencia de irresponsabilidad? ¿Qué hubiera pasado si las señoras Chávez o Vásquez hubieran cometido esos errores no como ministras sino como ejecutivas de alguna empresa privada? ¿Hasta cuándo el Estado aguanta todo?
