Por : Efraín Gómez Pereira (Periodista agrario)

La actividad agropecuaria, en especial la agricultura familiar, ha sido ninguneada por el gobierno en el primer mes de emergencia declarada a causa de la pandemia mundial. Gremios, organizaciones, académicos, estudiosos, analistas, prensa especializada; presionaron desde diversos flancos para hacerla visible; y, al parecer, lo consiguieron.

El ministerio de Agricultura y Riego, llamado a implementar los mecanismos adecuados que eviten la tragedia que se advierte en el sector, reaccionó a pasos lentos, casi obligado y anunció el destino de 600 millones de soles, aunque maquillados, para financiar la actividad productiva que en la emergencia está abasteciendo –sigue abasteciendo – de alimentos a los peruanos.

Pero lo más asombroso visto es que el propio gobierno reconoce, a través del DU 041, que la cosa sí se avizora muy seria y no tan llevadera, como infelizmente declaró el titular del Minagri.

“En este contexto de emergencia nacional por la pandemia del Covid19, la crisis también afecta, especialmente a pequeños agricultores que son parte de la agricultura familiar, los cuales no tienen acceso a la banca, a los sistemas financieros, no son usuarios de los programas sociales del Estado, porque con su trabajo diario se sostienen y obtienen beneficios a través de la producción de sus cultivos”, señala.

“De no implementarse medidas de recuperación de la actividad productiva ante la caída de los ingresos de los agricultores en el primer semestre y durante el año 2020, podríamos entrar en una crisis económica en el sector agropecuario”, advierte el gobierno, al anunciar 150 millones de soles para “el mantenimiento de infraestructura hídrica a través de Núcleos Ejecutores”, con la finalidad de “promover la reactivación de la economía en el Sector Agricultura y Riego”.

A esto se suma la “reorganización” del fondo AgroPerú, brindando facilidades a quienes tienen créditos de esa fuente; y el “bono rural” de 760 soles para un millón de familias, que no necesariamente son productores agropecuarios. Lo de los “mercados itinerantes” ya pasa al anecdotario.

¿Esta es la estrategia del gobierno para atender a un sector prioritario de la vida nacional? Debemos entender que no. Y así lo advierten los gremios, los productores agropecuarios, que esperan otras medidas, otras acciones más importantes y de sostenible proyección. 

La agricultura familiar, requiere mecanismos urgentes para atender la actual cosecha y proyectar la próxima campaña agrícola, y eso no se hace con paliativos, sino con medidas de largo alcance, con decisiones políticas que tienen sus riesgos, ampliamente justificables.

Conveagro y la Junta de Usuarios de Riego, han hecho llegar planteamientos puntuales al gobierno, para afrontar la emergencia. Lo urgente es atender la cosecha y la comercialización, aplicando protocolos sanitarios para toda la cadena productiva, bono productivo para costear temporalmente el sostenimiento de los cultivos y crianzas, compra de productos agrícolas para las canastas de apoyo social; facilidades en la movilización de los productores en todo el proceso, etc.

Una vez pasada la emergencia cuarentenaria, vendrá la necesidad de hacer viables las propuestas de quienes conocen el campo desde sus entrañas: los productores. Para ello, insistimos, es apremiante decisión política. La advertencia hecha desde los gremios ha sido confirmada por el gobierno que afirma “Se tienen que adoptar medidas económico financieras que ayuden aminorar la crisis económica interna… medidas que, de no adoptarse, podrían afectar la economía nacional de la agricultura”. 

Si la banca tendrá acceso a S/ 30 mil millones para “ayudar” a los pequeños empresarios, entre ellos agroexportadores, con créditos garantizados por el Estado, a través del plan Reactiva Perú; la agricultura familiar -esa que lleva a las mesas peruanas el 70% de los alimentos que consumimos, plantea la creación de un Programa de Salvataje por S/ 5 mil millones. Es una demanda que debe ser atendida.

Este monto, cargado al fondo AgroPerú, sería entregado como créditos a pequeños productores y organizaciones asociativas, a través de Agrobanco y las ventanillas del Banco de la Nación, a una tasa de interés de 3% anual. El objetivo es garantizar la instalación, mantenimiento, cosecha y comercialización de productos y crianzas. La propuesta aspira financiar hasta cinco hectáreas de cultivos o su equivalente para crianza y saca de ganado, capitalizando al pequeño productor agropecuario.

Se trata de un mecanismo inusual obligado por la actual circunstancia, que debe ir en paralelo a las propias acciones del gobierno central y regionales, en implementar acciones y garantías, como el seguro agrario obligatorio, para el desarrollo de la actividad agropecuaria que involucra a la tercera parte de la población nacional, y que en el área rural, incluye a los pobres y pobres extremos, que apenas pellizcan algo de los programas sociales, muchos de los cuales navegan en mares de corruptelas que deben ser erradicadas.