Congreso detiene ola de embargos a agricultores ante inoperancia del MINAGRI

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El Parlamento acaba de aprobar una ley que elimina, aunque excepcionalmente y de manera temporal, los embargos sobre pequeños agricultores afectados por el Fenómeno de el Niño Costero del año 2017.

El fenómeno climático dejó en la ruina a muchos de ellos quienes antes de perder todos sus bienes recibieron como salvavidas la ley de Reestructuración Agraria Especial, marco del l Programa de Reestructuración Agraria Especial (RAES), que se supone iba a actuar como un paraguas ante la otra tormenta en ciernes: las deudas vencidas.

La ley iba a tener una vigencia de un año, pero el Minagri, en la gestión del ex ministro de agricultura, José Manuel Hernández, demostró inoperancia, de manera que el tiempo corría y continuaban los embargos sin ser debidamente implementada.

La idea era que los agricultores con deudas vencidas ante Instituciones del Sistema Financiero, reguladas por la Superintendencia de Banca, es decir Seguros y AFP (IFIs) eviten los embargos.

El RAES -como dispuso la LEY Nº 30573 de junio de 2017- otorgaba un bono de descuento a los productores agropecuarios que cuenten con créditos vencidos con dichas entidades y refinanciaba los saldos de deuda correspondientes, luego de la aplicación del referido bono.

La banca no admitió tan fácilmente la ley
Las IFIs determinaban la elegibilidad de los beneficiarios del RAES. Naturalmente no todos eran confiables.

Las deudas comprendidas en dicho programa abarcaban: capital, intereses, moras y demás gastos devengados conforme a que no excedan las 5 UIT.

El plazo de acogimiento de solicitud al RAES vence el 31/07/18, pero el Congreso decidió en sesión plenaria de la semana pasada suspender de forma excepcional y temporal los remates de predios otorgados en garantía, aplazando los plazos para acogerse a la ley, cuanto menos en seis meses.

Congresista Gladys Andrade, presidenta de la Comisión Agraria informó en el Pleno que aunque el espíritu de la ley original era bueno, la demora en su implementación –por parte del Gobierno- fue absoluta, dejando a la ley como un papel sin ningún efecto.
“Si el ejecutivo hubiera tenido la voluntad de trabajar como se debía por los pequeños agricultores no estaríamos en estas dificultades”, dijo en el Pleno.

 

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